Los distribuidores de gas natural argentinos se enfrentan a tiempos difíciles, ya que la inestabilidad normativa y la falta de voluntad para ajustar los precios al usuario final amenazan con erosionar sus fuentes de ingresos.
Los precios al consumidor no se han actualizado desde abril de 2019, contrariamente al marco reglamentario de la Argentina, que especifica que los ajustes deben hacerse dos veces al año.
El segundo ajuste de precios de 2019, originalmente programado para octubre, fue aplazado en agosto. Y el primer ajuste de 2020, previsto para abril, también fue aplazado.
La pandemia de COVID-19 ha dejado el proceso de ajuste de precios (conocido localmente como RTI), que se suponía que se reanudaría de alguna forma en junio, en el limbo. Los observadores están de acuerdo en que es poco probable que el gobierno reanude el proceso mientras lidia con las consecuencias económicas del bloqueo nacional.
Empresas como Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana y Naturgy Ban se enfrentan a perspectivas inciertas que llevaron a la agencia de calificación Moody’s a bajar su calificación crediticia a ‘Caa3’ y cambiar la perspectiva a negativa.
Moody’s ha dicho que el fuerte perfil crediticio de estas empresas no era suficiente para compensar su dependencia del Estado y una perspectiva regulatoria confusa.
“El marco regulatorio de Argentina y la suficiencia de futuras tarifas reguladas se han vuelto más inciertos en los últimos meses. Las tarifas no han sido ajustadas desde abril de 2019 y no hay políticas claras para el sector”, dijo Moody’s.
Después de la promulgación de la RTI en 2017, los flujos de caja del sector se recuperaron, permitiendo una financiación adecuada de las operaciones de los distribuidores y abriendo la puerta a nuevas inversiones.
Antes de eso, los distribuidores de gas permanecieron en modo de supervivencia durante años, ya que los ingresos se vieron presionados por los precios congelados de los usuarios finales, el aumento de los costos y la alta inflación.
La medida del gobierno sobre el marco de ajuste de precios será clave para medir el riesgo regulatorio en el sector del gas natural de Argentina en los próximos años.
Antes de que se produjera el golpe de COVID-19, las autoridades habían dicho que revisarían las regulaciones de fijación de precios en junio para reducir su peso sobre los consumidores, manteniendo al mismo tiempo un ajuste periódico.
Pero la pandemia y la presión que ejerce sobre los ingresos de los hogares sugiere que el gobierno podría prolongar la situación actual, en la que el sector de la distribución opera sin políticas aplicables. La política de prohibir el recorte de servicios en caso de incumplimiento de pago por parte de los usuarios que cumplen ciertos criterios erosionará aún más los ingresos, dijo Moody’s.
Mientras tanto, el negocio del midstream se enfrenta a presiones similares, ya que la RTI reguló el transporte de gas y los precios de la energía eléctrica.
Como BNamericas informó anteriormente, Transportadora de Gas del Sur, una de las mayores empresas de transporte de gas de Argentina, ha reducido su orientación para el 2020 en un 30% debido al entorno operativo.
Según Moody’s, como la empresa está bajo presión en el negocio del transporte regulado, también está presionada en su negocio de producción de gas no regulado debido a la ruta internacional del precio del petróleo.
Los precios internos del gas natural en boca de pozo han alcanzado mínimos históricos en Argentina, rondando los 2,5 dólares/MMBTU (millones de unidades térmicas británicas).
Si bien el Gobierno ha iniciado conversaciones sobre un marco para apoyar a los productores mediante un programa de subsidios que incentive nuevos proyectos, no está tan claro cómo podría ayudar a los sectores de la distribución y el transporte.
Los anteriores gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner subvencionaron el consumo de gas para apoyar los precios, alimentando el déficit fiscal del país.